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TITULO VI
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


Artículo. 78
El mantenimiento de las relaciones con los Estados extranjeros es competencia exclusiva del Estado.

En aquellas cuestiones cuya regulación es competencia legislativa de las Provincias, éstos podrán suscribir tratados con los Estados extranjeros; pero, tales tratados requerirán el consentimiento del Parlamento.

Los acuerdos con Estados extranjeros que versen sobre la modificación de las fronteras de la República serán celebrados por éste, previo consentimiento del Estado afectado. Las modificaciones de las fronteras sólo podrán realizarse en virtud de una Ley del Estado, a no ser que se trate únicamente de la rectificación de los límites de partes no habitadas del territorio.

Para asegurar la representación de los intereses que ostenten algunas Provincias a causa de sus especiales relaciones económicas o de su vecindad con Estados extranjeros, el Parlamento de acuerdo con aquéllos adoptará las medidas y disposiciones necesarias.

Artículo. 79
Es de la competencia del Estado lo relativo a su defensa. La organización de la fuerza de defensa del pueblo costarricense se regulará por Ley del Estado de manera uniforme, teniendo en cuenta las peculiares características locales.

Artículo. 80
El régimen municipal y distrital es competencia exclusiva del Estado.

Artículo. 81
Todos los buques mercantes costarricenses forman una sola flota comercial.

Artículo. 82
La República constituye un solo territorio aduanero y comercial, rodeado por una frontera aduanera común.

La frontera aduanera coincide con la frontera política. En el ámbito marítimo la frontera aduanera está constituida por la orilla de la tierra firme y de las islas pertenecientes al territorio del Estado. Respecto al trazado de la frontera aduanera en el mar y otros acuíferos pueden establecerse variaciones del criterio anterior.

Al territorio aduanero podrán incorporarse, en virtud de tratados o acuerdos internacionales, territorios de Estados extranjeros o partes de ellos.

Del territorio aduanero pueden ser excluidas algunas partes por necesidades especiales.

Mediante tratados o acuerdos internacionales podrán incorporarse zonas francas a un territorio aduanero extranjero.

Todos los productos de la naturaleza, la industria o del arte que se hallen en el libre comercio del Estado podrán ser importados exportados. Una Ley del Estado podrá establecer excepciones.

Artículo. 83
Los impuestos de aduanas y de consumo serán administrados por las autoridades del Estado.

En la administración de los impuestos de la República habrán de dictarse por sus autoridades disposiciones que hagan posible la defensa de los intereses peculiares de las Provincias en el ámbito de la agricultura, el comercio, las artes e industrias.

Artículo. 84
Compete al Estado adoptar por Ley las disposiciones referentes a:

  1. La organización de la administración fiscal de las Provincias, en tanto en cuanto lo exija la ejecución uniforme e igual de las Leyes fiscales del Estado;
  2. La organización y facultades de las autoridades a quienes se encomiende la vigilancia de la ejecución de dichas Leyes;
  3. La compensación financiera con las Provincias;
  4. El abono del coste administrativo generado en la ejecución de las referidas Leyes fiscales del Estado.

Artículo. 85
Todos los ingresos y gastos del Estado han de ser provistos y fijados para cada año contable en el Presupuesto. Éste será aprobado por una Ley antes de comenzar el año contable.

Los gastos se autorizarán ordinariamente por un año, pero en casos especiales podrán ser autorizados por un plazo mayor. No caben, por lo demás, en la Ley de Presupuestos disposiciones cuya vigencia rebase la del ejercicio contable o que no se refieran a los ingresos y gastos del Estado ni a la administración de los mismos.

En el proyecto del Presupuesto no podrá el Parlamento aumentar los gastos ni crear otros nuevos sin consentimiento de la Asamblea Nacional.

El asentimiento de éste puede ser suplido por los medios previstos en el artículo 74.

Artículo. 86
Para descargo del Gobierno, el Ministro de Hacienda presentará al Parlamento y a la Asamblea Nacional, durante el año contable siguiente, la cuenta sobre la inversión de todos los ingresos de la República. El examen de las cuentas se regulará por Ley del Estado.

Artículo. 87
Sólo podrá acudirse al crédito para la obtención de recursos en caso de necesidad extraordinaria y, por lo general, únicamente para fines productivos. No podrán contraerse empréstitos ni dar garantías por parte del Estado sino mediante Ley del mismo.

Artículo. 88
Es de la exclusiva competencia del Estado el régimen de correos y telégrafos así como el de telecomunicaciones, electricidad, acueductos y oleoductos.

Los sellos de correos serán iguales para todo el Estado.

El Gobierno, con el consentimiento de la Asamblea Nacional, expedirá los Reglamentos en que se establezcan las normas y las tarifas aplicables por la utilización de los medios de comunicación. Con igual consentimiento podrá el Gobierno delegar esta facultad en el Ministro de Correos.

El Gobierno con el consentimiento de la Asamblea Nacional, creará un Consejo adjunto que actúe como órgano consultivo en los asuntos de comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, así como de sus tarifas.

Los tratados relativos a comunicaciones con el extranjero sólo podrá concertarlos el Estado.

Artículo. 89
Es de la competencia del Estado la adquisición y administración, como un servicio unitario de comunicaciones, de los ferrocarriles y otros medios de transporte público que sirvan al tráfico general.

A instancia del Estado le serán cedidos los derechos de las Provincias sobre la adquisición de ferrocarriles y otros medios de transporte privados.

Artículo. 90
Al tomar a su cargo los ferrocarriles, pasarán al Estado la facultad de expropiación y las potestades públicas que hagan referencia al régimen ferroviario. Sobre la extensión de estas potestades resolverá en caso de discrepancia la Corte Suprema de Justicia.

Artículo. 91
El Gobierno con el consentimiento de la Asamblea Nacional expedirá los Reglamentos que regulen la construcción, explotación y tráfico de los ferrocarriles. También podrá con igual consentimiento delegar esta facultad en el correspondiente Ministro.

Artículo. 92
Los ferrocarriles de la República, sin perjuicio de que su presupuesto y su cuenta se inserten en el Presupuesto y en la cuenta general del Estado, serán administrados como empresa autónoma, que deberá atender por sí a sus gastos, incluso de intereses y amortización de deuda, y a la constitución de un fondo de reserva. La cuantía de la amortización y de la reserva, así como la aplicación de ésta, se regularán por una Ley especial.

Artículo. 93
El Gobierno con el consentimiento de la Asamblea Nacional creará Consejos adjuntos que actúen como órganos consultivos en las cuestiones relativas al tráfico ferroviario y a sus tarifas.

Artículo. 94
Una vez que el Estado haya tomado a su cargo la administración de los ferrocarriles de interés general de un determinado territorio, no podrán construirse en éste nuevos ferrocarriles de interés general, sino por el Estado o con su consentimiento. Cuando la construcción de nuevos ferrocarriles o la modificación de los ya existentes afecten a la esfera del régimen de policía de una Provincia, las autoridades de éste habrán de ser consultadas por la Administración ferroviaria del Estado antes de resolver.

Allí donde el Estado no haya tomado todavía a su cargo la Administración de los ferrocarriles, podrá sin embargo, en virtud de una Ley y aún contra la oposición de las Provincias cuyo territorio haya de atravesarse, si bien respetando siempre los derechos de soberanía de dichas Provincias, construir por su propia cuenta los ferrocarriles que considere necesarios para el tráfico general o la defensa del territorio nacional, o encomendar a un tercero su construcción, concediéndole, en caso preciso, la potestad de expropiación.

Las Administraciones ferroviarias habrán de consentir que otras líneas hagan a su costa la conexión a la suya.

Artículo. 95
Los ferrocarriles de tráfico general no administrados por el Estado quedarán sometidos a su inspección.

Los ferrocarriles sujetos a dicha inspección serán construidos y dotados con arreglo a unos mismos principios establecidos por el Estado. Deberán conservarse en condiciones de buena explotación y acomodados a las exigencias del tráfico. El transporte de viajeros y mercancías habrá de ser atendido y organizado acorde con las necesidades.

Mediante el control de las tarifas se tendera a que éstas sean uniformes y económicas.

Artículo. 96
Todos los ferrocarriles, incluso los que no sirvan al tráfico general, deberán acomodarse a las exigencias del Estado relativas al uso de los ferrocarriles para fines de la defensa del territorio nacional.

Artículo. 97
Es tarea del Estado tomar bajo su propiedad y administración los canales que sirvan al tráfico general.

Una vez que hayan sido tomados a su cargo, los canales que sirvan al tráfico general sólo podrán ser construidos o ampliados por el Estado o con su consentimiento.

En la administración, construcción o ampliación de canales deberán garantizarse las exigencias de la agricultura y de la explotación hidrológica de acuerdo con las Provincias. También deberán garantizarse a petición de éstos últimos.

Toda administración de canales deberá permitir que se conecten a ella otros canales interiores, a costa de las empresas. La misma obligación existe para el establecimiento de conexión entre canales interiores y vías ferroviarias.

Con la toma a su cargo de los canales el Estado gozará de la potestad expropiatoria, de la potestad para establecer tarifas, así como del régimen de policía en la navegación y en las cuencas hidrológicas.

Artículo. 98
El Gobierno del Estado con el consentimiento de la Asamblea Nacional, constituirá reglamentariamente Consejos adjuntos para participar en los asuntos relativos a los canales de la República.

Artículo. 99
Sólo se podrán establecer exacciones tributarias sobre los canales para aquellas obras, instalaciones y demás instituciones, determinadas para facilitar el tráfico. En el caso de instituciones estatales o municipales no podrán sobrepasar los costes necesarios para su establecimiento y mantenimiento. Los costes de establecimiento y mantenimiento de instituciones que no sirvan exclusivamente a facilitar el tráfico sino que estén orientadas también a la promoción de otros fines sólo podrán ser cubiertos en una parte proporcional mediante tasas por la navegación. Serán considerados costes de establecimiento los intereses y los costes de amortización de los medios utilizados.

Las disposiciones del apartado anterior serán aplicables a las exacciones tributarias que se establezcan respecto de canales artificiales y las instituciones creadas respecto de éstos, así como respecto de los puertos.

En el ámbito de los viajes en buque por aguas interiores podrán ser tenidos en cuenta para la ponderación de las tasas por navegación los costes totales del canal, de una cuenca hidrológica o de una red de canales.

Estas disposiciones son igualmente de aplicación al transporte en balsa por canales navegables.

Sólo el Estado podrá establecer sobre buques extranjeros y su carga tasas distintas o más elevadas a las establecidas respecto de los buques costarricenses y su carga.

El Estado podrá mediante Ley obligar a los participantes en la navegación a contribuir de otros modos a la obtención de los medios necesarios para el mantenimiento y ampliación de la red de canales.

Artículo. 100
Por Ley del Estado podrá también obligarse a contribuir en la cobertura de los costes del mantenimiento y construcción de vías interiores de navegación a quienes obtengan de las presas provecho distinto a la navegación, en la medida en que participen varias Provincias o el Estado soporte los costes de la institución.

Artículo. 101
Es competencia del Estado tomar bajo su propiedad y administración todas las señales marítimas, en particular los fanales, faros flotantes, boyas y balizas. Después de que hayan sido tomadas a su cargo, sólo el Estado o con su consentimiento podrá crear o ampliar las señales marítimas.

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