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El pueblo costarricense, unido en sus estirpes y animado del deseo de renovar y consolidar su Estado en la libertad y en la justicia, servir a la paz interior y exterior y fomentar el progreso social, se ha dado la presente:


CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA


PARTE PRIMERA
Organización y funciones del Estado


TÍTULO I
EL ESTADO Y LAS PROVINCIAS


Artículo. 1
El Estado costarricense es una República. El poder público emana del pueblo.

Artículo. 2
El territorio del Estado se compone de los territorios de las Provincias costarricenses, que limitan al norte con Nicaragua según el Tratado Cañas-Jerez de 1858 ratificado por el Laudo Cleveland de 1888 y al sureste con Panamá según el Tratado Echandi Montero-Fernández Jaén de 1941. La Isla del Coco ubicada en el Océano Pacífico forma parte del territorio. Otros territorios pueden ser incorporados al Estado por medio de una Ley, cuando su población lo solicite en virtud del derecho de autodeterminación.

Artículo. 3
La bandera del Estado es azul-blanca-roja con su escudo bordado al centro sobre un fondo circular blanco. El pabellón mercante es rojo-blanco-azul, con los colores del Estado en el ángulo superior interno.

Artículo. 4
Las reglas del Derecho internacional general, debidamente aceptadas y aprobadas por el Estado, rigen como parte integrante y obligatoria del Derecho del Estado costarricense.

Artículo. 5
El poder público se ejercerá en materia de competencia del Estado, por los órganos de éste y con arreglo a la Constitución, ejercerá su poder completo y exclusivo en el espacio aéreo del territorio y aguas inclusive, en sus aguas territoriales que incluyen la plataforma continental y el zócalo insular, y en sus aguas patrimoniales.

Artículo. 6
Corresponde al Estado la competencia legislativa exclusiva sobre:

  1. Al Parlamento crear leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica;
  2. Las relaciones exteriores;
  3. El régimen local;
  4. Nacionalidad, libertad de circulación, inmigración, emigración y extradición;
  5. Defensa nacional y militar;
  6. Régimen monetario;
  7. Aduanas, unidad del territorio aduanero y comercial y libertad de circulación para el tráfico de mercancías;
  8. Correos y telégrafos, así como comunicaciones telefónicas, eléctricas y pluviales.

Artículo. 7
Corresponde al Estado la competencia legislativa sobre:

  1. Derecho privado;
  2. Derecho público;
  3. Procedimiento judicial, incluso la ejecución penitenciaria, así como la cooperación oficial entre autoridades;
  4. Policía de extranjería y régimen de pasaportes;
  5. Beneficencia y protección de transeúntes;
  6. Régimen de prensa, asociación y reunión;
  7. Política demográfica, protección de la maternidad, los lactantes, la infancia y la juventud;
  8. Sanidad, veterinaria y protección de las plantas contra enfermedades y plagas
  9. Derecho del trabajo, aseguramiento y protección de los obreros y empleados, así como prueba en el trabajo;
  10. Implantación de representaciones profesionales de ámbito del Estado;
  11. Protección de los combatientes y sus supérstites;
  12. Derecho de expropiación;
  13. Socialización de riquezas naturales y explotaciones económicas, así como producción, fabricación, distribución y tasación de bienes relevantes para la economía nacional;
  14. Comercio, pesas y medidas, emisión de papel moneda así como el régimen bancario y bursátil;
  15. Tráfico de productos alimenticios y de consumo, así como de objetos de necesidad cotidiana;
  16. Industria y minería;
  17. Régimen de seguros;
  18. Navegación marítima y pesca de altura y bajura;
  19. Ferrocarriles, navegación interior, tráfico por vía terrestre, marítima o aerea, así como la construcción de viales que afecten al tráfico general o a la defensa del territorio;

Artículo. 8
Corresponde también al Estado legislar sobre los impuestos y demás ingresos que él afecte total o parcialmente al cumplimiento de sus fines. Si el Estado recaba para sí impuestos u otros ingresos que vinieran atribuidos a las Provincias, habrá de respetar la existencia de aquéllos.

Artículo. 9
Corresponderá al Estado, cuando surja la necesidad de dictar disposiciones uniformes, la competencia legislativa sobre:

  1. Fomento del bienestar general;
  2. Defensa del orden y seguridad públicos.

Artículo. 10
El Estado puede dictar Leyes regulando los aspectos básicos respecto de:

  1. Los derechos y deberes de las confesiones religiosas;
  2. El régimen de enseñanza, incluida la enseñanza superior y las bibliotecas científicas;
  3. El derecho de la función pública de todas las Administraciones Públicas;
  4. El derecho inmobiliario, el reparto de tierras, el régimen de colonización interior y de patrimonio familiar, las limitaciones de la propiedad inmobiliaria, régimen de viviendas y la distribución de la población;
  5. El régimen de los cementerios.

Artículo. 11
El Estado puede dictar Leyes regulando los aspectos básicos sobre la admisibilidad y establecimiento de impuestos por parte de las Provincias, cuando ello resulte necesario para salvaguardar importantes intereses sociales o para impedir:

  1. Una merma en los ingresos o en las relaciones comerciales del Estado;
  2. La doble imposición;
  3. Gravámenes excesivos o prohibitivos para el uso de vías y medios públicos de comunicación;
  4. Recargos fiscales que se establezcan respecto al trafico entre Estados o entre zonas de un Estado en perjuicio de mercancías importadas frente a las propias;
  5. Primas a la exportación.

Artículo. 12
En tanto no haga uso el Estado de su derecho a legislar, las Provincias conservan este derecho, salvo lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 6 de la presente Constitución. Esto no será de aplicación a la legislación exclusiva del Estado.

El Gobierno del Estado tendrá la posibilidad de vetar las disposiciones de las Provincias relativas a materias comprendidas en el inciso 13) del artículo 7 de esta Constitución en la medida en que aquéllas afecten al bienestar colectivo en el Estado.

Artículo. 13
El Derecho del Estado prevalece sobre el de las Provincias.

Cuando surjan dudas o diferencias de criterio respecto a si alguna disposición jurídica de las Provincias es compatible con el Derecho del Estado, la autoridad central competente de aquél o de éstos podrá, en la forma que más detalladamente regule una Ley del Estado, solicitar el fallo de un Tribunal Supremo del Estado.

Artículo. 14
Las Leyes del Estado, a menos que las mismas dispongan otra cosa, serán ejecutadas primeramente por el propio Estado y sino por las autoridades de las Provincias.

Artículo. 15
El Gobierno del Estado ejerce la inspección en los asuntos en que el mismo ostenta la competencia legislativa. Cuando las Leyes del Estado hayan de ser ejecutadas por las autoridades de las Provincias, el Gobierno del Estado podrá dictar instrucciones generales. Está habilitado para enviar a las autoridades centrales de las Provincias o a las autoridades inferiores, con el consentimiento de las primeras, comisarios encargados de supervisar la ejecución de las Leyes del Estado.

Los Gobiernos de las Provincias están obligados, a requerimiento del Gobierno del Estado, a corregir las deficiencias que se hayan percibido en la ejecución de las Leyes del mismo. Tanto el Gobierno del Estado, como el Gobierno de la Provincia, pueden, en caso de diferencias de criterio, solicitar la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo. 16
Los funcionarios a quienes esté confiada en las Provincias de forma inmediata la Administración Pública del Estado, deberán asumir por regla general, las funciones que se les destinen. Los funcionarios, empleados y trabajadores de la Administración Pública serán destinados a su territorio de origen cuando así lo pidan, siempre que sea posible y a ello no se opongan consideraciones relativas a su capacidad o exigencias del servicio.


Artículo. 17
Todos las Provincias habrán de tener una Ley Orgánica General. La representación popular habrá de ser elegida mediante sufragio universal, igual, directo y secreto, y con arreglo a los principios de la representación proporcional y al Tribunal Supremo de Elecciones, por todos los ciudadanos costarricenses, hombres y mujeres. El Gobierno de cada Provincia necesita contar con la confianza de la representación popular.

Los principios que rigen para la elección de la representación popular regirán también para las elecciones municipales. Sin embargo, las Provincias podrán dictar disposiciones subordinando el derecho de sufragio al requisito de la residencia en el Municipio, durante un plazo que no podrá exceder de un año.

Artículo. 18
La división del Estado en Provincias deberá servir a la obtención del máximo rendimiento económico y cultural de los pueblos, teniendo lo más posible en cuenta la voluntad de la población afectada. La alteración del territorio de las Provincias, así como una nueva ley orgánica de estos dentro del Estado, exigirá una Ley del Estado de reforma constitucional.

Si estuvieren de acuerdo las Provincias directamente afectados, bastará con una Ley ordinaria del Estado. Ésta será también suficiente, cuando, aun sin estar conforme una de las Provincias afectadas, la alteración territorial o la nueva constitución de una Provincia sean reclamadas por la voluntad de la población y venga requerida por un interés preponderante del Estado.

La voluntad de los habitantes se determinará mediante una votación. Ésta será ordenada por el Gobierno del Estado al Tribunal Supremo de Elecciones cuando lo soliciten un tercio de los habitantes del territorio que pretenda segregarse con derecho de sufragio activo al Parlamento.

Para acordar una alteración territorial o una nueva formación, se requerirá que estén conformes tres quintas partes de los votantes, que representen por lo menos a la mayoría absoluta de los electores. Aun cuando sólo se trate de la separación de una parte de un cantón, de un distrito o de una circunscripción administrativa, será necesario consultar la voluntad de los habitantes de toda la circunscripción correspondiente. Cuando no exista relación de continuidad entre el territorio que ha de segregarse y la totalidad de la circunscripción a que pertenezca, el Estado podrá dictar una Ley especial declarando suficiente la voluntad de los habitantes de aquel territorio. Una vez apreciada la conformidad de los habitantes, el Gobierno del Estado deberá someter a la resolución del Parlamento el correspondiente proyecto de Ley.

Si al verificarse la unión o segregación surgiesen discrepancias respecto al traspaso de patrimonios, decidirá la Corte Suprema de Justicia a petición de cualquiera de las partes.

Artículo. 19
La Corte Suprema de Justicia decidirá a requerimiento de una de las partes contendientes, en los casos de disputas de constitucionalidad dentro de una Provincia que no posea un Tribunal apropiado para su resolución, así como en los conflictos, que no sean de derecho privado suscitadas entre distintas Provincias, o entre el Estado y una Provincia.

El Jefe de Estado ejecutará el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

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