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Código General del Estado de Costa Rica

Redacción
1840

Emisión
30 de julio 1841

Puesta en vigencia
30 de julio 1841

Derogación
Civil: 1888 Penal: 1880 Procesal Civil: 1888 Procesal Penal: 1906

Gobierno
Braulio Carrillo Colina

Materia
Sustantiva y Procesal mixta

Antecesor
No

Sucesor
Códigos Civil, Penal, Procedimientos Civiles y Procedimientos Penales


Para una historia de los Códigos véase el anexo Historia de los Códigos de Costa Rica.


CodigoGeneral1841.jpg

Código General de 1841.

Fue la primer normativa codificada de Costa Rica emitida el 30 de julio de 1841 bajo la dictadura de Braulio Carrillo Colina. Estaba divido en tres partes, la primera Civil, la segunda Penal y la tercera Procesal. Fue un código inspirado en otros hispanoamericanos principalmente de los códigos de Bolivia en el gobierno del Capitán General Andrés de Santa Cruz.

Parte Civil

Fuentes

La parte civil del Código General, es prácticamente una transcripción literal del Código Civil emitido en Bolivia por el gobierno de Andrés de Santa Cruz y Calahumana (1829-1839).

Bolivia fue el primer país del continente que tuvo cuerpo completo de legislación propia. Su Código Civil, que gozó de amplia difusión en América, fue hecho extensivo a Perú en 1836, al constituirse la efímera Confederación Perú-Boliviana. Este Código estaba inspirado fundamentalmente en el Código Napoleónico ya que éste se consideraba uno de los más perfectos de la época y además el Presidente Santa Cruz era gran admirador del Emperador francés. Sin embargo, el Código boliviano y su versión costarricense recogen también principios del Derecho Canónico, especialmente en materia de familia, y no pocas normas del Derecho castellano tradicional en lo relativo a sucesiones.

Contenido

Esta parte contenía un título preliminar y tres libros.

El título preliminar trataba de la ley en general, sus caracteres (obligatoria, general y estable), efectos y aplicaciones.

El título primero versaba sobre las Personas y tenía once títulos. En los primeros se regulaba el estado y la capacidad de las personas, sus derechos, el domicilio civil y la ausencia. Los demás trataban sobre todo Derecho de Familia.

El libro segundo trataba de los bienes y de las diferentes modificaciones de la propiedad. Contenía únicamente cuatro títulos, casi todos de inspiración napoleónica y romanista. En el primero se versaba sobre los bienes y sus clasificaciones: muebles, inmuebles, privados y comunes, de dominio público, etc. El segundo regulaba la propiedad y la accesión en muebles e inmuebles; el tercero el usufructo, el uso y habitación y el cuarto las servidumbres.

El libro tercero, que estaba formado por veintiún títulos y representaba dos terceras partes del articulado total, regulaba las diferentes maneras de adquirir la propiedad.

El primer título regulaba las sucesiones. Establecía la sucesión testada, con herederos forzosos y voluntarios; regulaba los legados, el testamento por comisario, los codicilos y la sucesión ab intestato o legítima. El segundo regulaba las donaciones.

En el título tercero se trataba de las obligaciones en general y del contrato en particular. Establecía los diversos tipos de obligaciones (divisibles, indivisibles, solidarias, etc.), sus causas de extinción (pago, novación, remisión, compensación, pérdida de la cosa, condición resolutoria, prescripción y nulidad o rescisión) y sus medios de prueba.

Los títulos siguientes regulaban modos de adquirir la propiedad y otras varias figuras jurídicas: dote, arras, bienes parafernales, venta, cambio, arrendamiento, compañía, préstamo (comodato, mutuo, préstamo a interés), depósito, secuestro, contratos aleatorios, mandato, fianza, transacción, apremio corporal, prenda, privilegios e hipotecas y prescripción.

Vigencia

Desde 1842, la parte civil al igual que la penal y la de procedimientos, empezó a ser objeto de reformas y adiciones. También se promulgaron leyes especiales que derogaron partes importantes de su articulado, como la Ley Hipotecaria de 1865 y la Ley de Sucesiones de 1881.

En varias oportunidades se habló de la necesidad de una reforma general del Código, y en mayo de 1870 el gobierno de Bruno Carranza Ramírez dispuso crear una comisión para que en el término de tres meses redactara proyectos de código en materia civil, mercantil, penal y procesal, pero esto no surtió efecto. La Parte Civil del Código General no quedó derogada sino hasta 1888, cuando entró en vigencia el actual Código Civil.

Normativa del Derecho de Familia

La mayor parte del Libro I en la Parte Civil del Código General estaba dedicada a materia de Familia. Los títulos comprendidos del V al XI regulaban el matrimonio, el divorcio, la paternidad y la filiación, la adopción, la patria potestad, la minoridad, la tutela, la emancipación, la mayoridad y la curatela. El título V del Libro III regulaba el régimen patrimonial de la familia. En toda esta normativa, es manifiesta la fuerte influencia del Derecho Canónico y del Derecho castellano tradicional.

En el Código General, los esponsales eran un contrato exigible ante los tribunales y requerían una edad mínima de diez años en los novios. El matrimonio tenía carácter de sacramento y se ajustaba a los cánones de la Iglesia Católica Romana. Los tribunales eclesiásticos eran los únicos competentes para conocer del divorcio y éste no era vincular, ya que un divorciado no podía contraer nuevas nupcias mientras viviera su cónyuge.

La mujer casada debía obediencia al marido y quedaba jurídicamente subordinada a él, o en su defecto al juez para tratar, contratar o comparecer en juicio. Se le permitía testar libremente.

El Código establecía varias categorías de hijos: legítimos si eran de matrimonio; naturales si eran hijos extramatrimoniales de padres solteros o viudos; adulterinos, si alguno de los padres estaba casado; e incestuosos si eran hijos de ascendiente y descendiente o de hermanos. Sólo los naturales podían ser reconocidos por el padre o legitimados por el matrimonio posterior de sus progenitores. Los hijos adoptivos se equiparaban a los legítimos, salvo para efectos sucesorios; pero la adopción sólo se permitía a personas casadas, mayores de cincuenta años, que no tuvieran hijos legítimos y que hubiesen prodigado cuidados al adoptado durante su minoridad durante un período no inferior a seis meses.

La patria potestad le correspondía exclusivamente al padre, que tenía usufructo de los bienes del hijo hasta que llegase a los veinticinco años de edad o contrajese matrimonio. La madre viuda era tutriz de pleno derecho de sus hijos, pero el padre podía dejar nombrado un asociado en la tutela, y si la mujer contraía nuevas nupcias la perdía, a menos que el juez nombrase como tutor al segundo marido. Si no había padres, la tutela correspondía a los abuelos.

El Código regulaba con mucho detalle la administración y las cuentas de la tutela y la curatela. Esta última se establecía en casos de imbecibilidad, demencia, furor, prodigalidad o ebriedad habitual.

En cuanto al régimen patrimonial de la familia, el Código también revelaba una fuerte influencia castellana. El matrimonio hacía surgir entre los cónyuges la sociedad conyugal o comunidad de bienes gananciales todos los adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges.

La dote era la suma de los bienes muebles o inmuebles que la mujer u otra persona por ella daba al marido para soportar las cargas matrimoniales. Los administraba el marido, pero ninguno de los cónyuges podía enajenarlos ni gravarlos, salvo para alimentar a la familia, establecer a los hijos o por otras causas muy calificadas. El marido era una especie de usufructuario de la dote, y si el matrimonio se separaba o la mujer fallecía, debía restituirla.

Las arras eran la donación que el marido hacía a la mujer en remuneración de la dote, de su virginidad o de su juventud. Su dominio era exclusivo de la mujer y de sus herederos.

Se denominaban parafernales todo los bienes de la mujer que no fuesen gananciales ni formasen parte de la dote o las arras. Los administraba ella, pero no podía enajenarlos sin licencia del marido o del juez.

Parte Penal

Fuentes

El Derecho penal castellano tradicional, además de ser primitivo y excesivamente severo, contradecía en muchos aspectos la normativa de las Constituciones liberales que rigieron a partir de 1812.

El Código General dedicó su segunda parte a la materia penal. Su normativa, según resulta evidente al comparar ambos cuerpos de leyes, era una copia casi textual de la contenida en el Código Penal emitido en Bolivia. A su vez, el Código boliviano estaba inspirado en el Código Penal emitido por las Cortes Españolas en 1822.

La normativa penal del Código General ha sido calificada de excesivamente rigurosa, ya que establecía penas muy severas para los delitos políticos y religiosos y prodigaba la pena de muerte.

Contenido

Esta parte penal se dividía en 3 libros.

El Libro I contenía la parte general. Establecía los principios básicos del ordenamiento penal (concepto de delitos y culpas o delitos culposos, delincuente, etc.), las reglas de la extradición y el sistema de penas, que era de escalas y grados. Se establecían penas corporales (muerte, presidio, extrañamiento, obras públicas, prisión, confinamiento, etc.), no corporales (infamia, fianza de buena conducta, inhabilitación, retractación, satisfacción, arresto, apercibimiento, reprehensión judicial, corrección, etc.) y pecuniarias (multa y pérdida de algunos efectos). Se mantenía el criterio tradicional, compartido por la Escuela Clásica, de que la pena tenía por objeto castigar al delincuente e inspirar el temor por a la sociedad, y por ello las ejecuciones tenían carácter público.

El Libro II regulaba los delitos contra el Estado, delitos contra el orden público y la seguridad exterior e interior, la salud pública, la fe pública y las buenas costumbres; los delitos de los funcionarios públicos; los delitos de los que rehusaban al Estado los debidos servicios o impedían el uso de las cosas públicas; y los abusos de la libertad de imprenta.

El Libro III regulaba los delitos contra los particulares en toda su variedad (delitos contra las personas, contra el honor, fama y tranquilidad de las personas y contra la propiedad).

Vigencia

Desde 1842 la parte penal empezó a ser objeto de importantes reformas. Se redujeron en un tercio las penas indeterminadas que establecía y se limitaron los casos en que podía imponerse la de muerte. Con el tiempo, y por disposición constitucional varias veces reiterada, la pena capital quedó circunscrita a los delitos de alta traición, piratería y homicidio premeditado. El 28 de abril de 1870, el gobierno de Bruno Carranza Ramírez abolió la pena de muerte, que fue restablecida por la Constitución de 1871. En 1877 fue nuevamente proscrita mediante una ley de garantías emitida por la dictadura del General Tomás Guardia Gutiérrez.

Finalmente, fue derogada en 1880 con la emisión de un Código Penal.

Parte Procesal Civil

Fuentes

La tercera parte del Código General estaba dedicada a la materia procesal, tanto en lo que se refería al procedimiento civil como al penal. Aunque el tema no ha sido estudiado, es posible que su normativa haya sido inspirada por el Código de Procederes emitido en Bolivia en 1834.

La vigencia de la normativa procesal representó una profunda modificación en el sistema judicial costarricense, al dotarlo de reglas claras y racionales. Sin embargo, sus normas no respondían en los fundamental a las instituciones del Derecho castellano tradicional. Sus principales diferencias con éste radicaban en la reducción de los términos, la simplificación de algunos trámites y la supresión de otros.

Contenido

La parte procesal civil estaba dividida en cinco libros.

El Libro I trataba de los juicios en general y de las personas que intervenían en ellos (actores, reos, jueces, agentes fiscales, abogados, procuradores, escribanos); las acciones y las excepciones (dilatorias y perentorias); los actos prejudiciales (nombramiento de curadores, licencia del marido a la mujer, arraigo, depósito y secuestro de la cosa, etc); el procedimiento previo a la conciliación (que era obligatorio en la mayoría de los juicios civiles); las partes principales del juicio demanda, emplazamiento, contestación, reconvención, prueba (testimonial, documental, pericial, confesión, juramento presunciones e indicios), y sentencia (interlocutoria o definitiva; las tercerías (coadyuvantes o excluyentes); el desistimiento y la deserción.

El Libro II contenía en primer término las normas procesales de los juicios orales, tanto civiles como penales, que versaban sobre asuntos de cuantía ínfima o delitos leves y estaban sujetos a conocimiento de los pedáneos, los alcaldes de cuartel o los alcaldes constitucionales, con apelación ante los jueces de primera instancia. Este libro regulaba además el juicio civil ordinario (escrito) y diversos procedimientos especiales (juicio ejecutivo, concurso de acreedores, juicios sumarios de posesión, adopción, emancipación, jactancia, etc.).

El Libro III versaba sobre el proceso penal.

El Libro IV regulaba tanto en lo civil como en lo penal, los recursos ordinarios de apelación de sentencias y autos (con efecto suspensivo o solo devolutivo) y de súplica o tercera instancia; y los extraordinarios de nulidad (por infracción de ley expresa o terminante en la decisión de la acción o en los procedimientos) y de fuerza (contra resoluciones de los jueces eclesiásticos que se extralimitasen). Este libro también contenía normas relativas a recusaciones, impedimentos, conflictos de competencia y procedimientos para exigir responsabilidades a funcionarios públicos tales como miembros de los Supremos Poderes, jueces, etc.

El Libro V se refería a los derechos que cobraban los tribunales por las actuaciones judiciales y la expedición de escrituras, y los abogados, asesores, procuradores y peritos por su trabajo. El artículo final establecía penas para quienes, en los escritos, actos o decisiones judiciales citasen normas anteriores al Código o incluso doctrina de los autores que las comentaban.

Vigencia

La parte procesal civil considerada la más defectuosa de ese cuerpo de leyes, fue la que sufrió más frecuentes reformas, no todas afortunadas; sin embargo, alcanzó una longevidad considerable. las normas relativas al proceso civil quedaron derogadas el 1 de enero de 1888, al entrar en vigencia el Código de Procedimientos Civiles de 1888.

Parte Procesal Penal

Fuentes y Contenido

El Libro III de la parte procesal penal estaba dedicada al procedimiento penal. Su normativa, en la que se nota fuerte inspiración del Derecho castellano tradicional, posiblemente deriva de la contenida en el Código de Procederes emitido en Bolivia en 1834. Este libro se dividía en ocho títulos de ellos los principales eran:

El Título I que contenía normas generales sobre los procesos penales y las personas que intervenían en ellos (alcaldes, jueces, acusadores, reos) y el título II la regulación sobre la custodia de los reos, (detención, prisión, fianzas, allanamiento).

En el título III se trataba de las fases que componían el proceso penal. La primera fase era de instrucción, generalmente a cargo de un alcalde; en ella se tomaba declaración al reo indiciado y a los testigos y se practicaban otras diligencias. Concluida esta fase, el expediente pasaba a un juez de primera instancia, quien dictaba auto de sobreseimiento en caso de no haber delito o pruebas contra el reo, o auto motivado de haber lugar a formación de causa. En esta última hipótesis, se iniciaba un juicio plenario, celebrado en audiencia pública, en la cual se recibía confesión al reo y se procedía nuevamente al examen de testigos. Después se concedía término al acusador y al defensor para que hicieran sus alegatos y se celebraba una audiencia pública en la que se permitían dos réplicas por cada parte; concluidas éstas, el juez dictaba sentencia. El título incluía también una detallada normativa sobre la ejecución de las sentencias penales, especialmente en los casos en que se imponía pena de muerte.

El título IV regulaba los juicios criminales sumarios, el título V los juicios con reo ausente y el título VI el modo de proceder en los delitos de imprenta, el título VII sobre las cárceles y las visitas semanales y generales de ellas a que se estaban obligados los jueces de primera instancia, y el título VIII contenía diversas disposiciones comunes sobre el proceso penal.

El recurso de apelación y el de súplica o tercera instancia en materia penal se regulaban en el Libro IV de la parte procesal del Código.

Vigencia

Los títulos de la parte procesal penal relativos al procedimiento penal sufrieron numerosas reformas, en su mayoría destinadas a actualizar su contenido y a agilizar los procesos. Entre las modificaciones más relevantes cabe destacar la instauración del jurado, figura anglosajona que se incorporó al Derecho costarricense en 1873 y hubo de ser suprimida en 1903, debido a que no habría respondido a las esperanzas puestas en ella.

Las normas de Derecho Procesal Penal contenidas en el Código General, a pesar de ser muy defectuosas, fueron las ue alcanzaron más prolongada vigencia, ya que subsistieron hasta 1906.

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